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Director General: Lic. German Contreras

Sesiona el congreso

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Las personas que incumplan con la responsabilidad de otorgar una pensión alimentaria, así como de vestido y educación, podrían ser incluidas en la base de datos del llamado Buro de Crédito, esto luego de que se adicione al  artículo 516 Bis del Código de la Familia para el Estado de Sonora.

En Sesión del Congreso del Estado, efectuada este martes, la diputada por Cajeme; Karmen Aida Díaz Brown Ojeda, fue quien presentó dicha iniciativa con proyecto de decreto para que se adicione dicha determinación al artículo 516 Bis.

Durante la lectura del proyecto de decreto ante el pleno, explicó que se trata de una forma de ayudar a garantizar el derecho que tienen  los niños y adolescentes a la alimentación, vestido y educación, cuando se llega a presentar una situación legal entre los padres de familia.

Manifestó que los alimentos son lo más indispensable que cualquier ser humano necesita para vivir, desafortunadamente en muchos casos la persona que tiene la obligación de proveerlos  incumple de manera reiterada con su deber, circunstancia que se torna más grave cuando es resultado de una conducta intencional.

Indicó que en Sonora en los últimos años se han tenido poco más de 11 mil divorcios, de los cuales en unos ocho mil se ha solicitado la pensión alimenticia, es por ello que se requiere de hacer esta determinación por ley.

Dijo que por ese motivo se propone que los deudores alimentarios sean inscritos en las sociedades de información crediticia, para que terceros conozcan dicha situación y se eviten posibles actos fraudulentos en perjuicio de acreedores, y para inhibir el incumplimiento de estas obligaciones que afectan a menores de edad.

Díaz Brown Ojeda agregó que el  artículo 516 Bis, determina  que aquella persona que incumpla con dicha obligación respecto de niños y  adolescentes por un periodo de 90 días naturales,  se constituirá en deudor alimentario moroso de menores de edad, por lo que una vez que el Juez decrete dicha morosidad, solicitará a las Sociedades de Información Crediticia la inscripción del moroso en sus registros para que este registra en el llamado Buro de Crédito.



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