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Director General: Lic. German Contreras

Delincuencia organizada  mantiene a GPE en prisión

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Este viernes se cumplió un año del ingreso de Guillermo Padrés Elías al sistema carcelario en el cual se mantiene hasta el momento, debido a los procesos legales que enfrenta por acusaciones por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita ambos de origen federal.

Fue en noviembre del año 2016 cuando las autoridades federales detuvieron a Padrés Elías, momentos después de salir de una entrevista en una televisora en Ciudad de México, ejerciendo la orden de aprehensión por los delitos de defraudación fiscal equipara y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En ese momento la PGR refirió que la acción se derivo a que el ex mandatario sonorense presentó en su declaración  fiscal del año 2015 ingresos acumulables menores a los generados, pero también por la presunta transferencia de recursos  del extranjero a territorio nacional, señalando conocimiento de que dichos recursos provenían de actividades ilícitas.

Dentro de este proceso de investigación se detectaron cuentas en el extranjero a nombre de Padrés Elías por un valor de 8.8 millones de dólares.

Una segunda acusación que mantiene a Guillermo Padrés interno en un centro penitenciaria es la relacionada al proceso para la licitación de uniformes escolares para escuelas públicas de sonora, donde se presume el otorgamiento de contratos a personajes ligados al ex mandatario por una cantidad estimada en 260 millones de pesos.

PROBLEMAS LEGALES EN TORNO A PADRÉS

Padrés Elías no es una figura ajena a los problemas legales, pues durante septiembre del año 2014 fue acusado por la construcción ilegal de una prensa en el rancho Pozo Nuevo de Padrés, sin contar con los permisos de la Comisión Nacional del Agua, por lo que además de la orden de derribarla se le aplicó una sanción de 4 millones de pesos.

Para  febrero del año 2016 se presenta el señalamiento por parte de la Secretaría de la Contraloría al ex titular del ejecutivo y 22 de sus funcionarios por daño patrimonial por el orden de los 6 mil 250 millones de pesos.

Resalta también la acusación existente por la presunta comisión de los delitos de tortura y abuso de autoridad interpuesta ante autoridades estatales, por el caso de la ex empleada de casa de gobierno Gisella Peraza Villa.



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