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Director General: Lic. German Contreras

Petición de intervención federal carece de sustentos jurídicos que marca la Ley: PAN

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edir al gobierno federal que asuma la seguridad pública en Sonora no es la solución para resolver la crisis en esta materia en Sonora, además que el acuerdo aprobado en el pleno del Congreso carece de algunos de los requisitos jurídicos que marca la Ley de Seguridad Interior, apuntó el diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero.

De acuerdo al texto de la citada Ley, en el artículo 11 se prevé la intervención de las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas para identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior.

El problema es que de acuerdo al artículo 13 de la misma ley, las peticiones de las Legislaturas de las entidades federativas o de su respectivo Ejecutivo deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una Amenaza a la Seguridad Interior, especificando entre otros, los aspectos siguientes:

I. Amenaza identificada y el impacto de la misma;

II. Área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas;

III. Estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar a la amenaza identificada en la entidad federativa o área geográfica afectada;

IV. Áreas de insuficiencia operativa, técnica y logística para enfrentar la amenaza identificada;

V. El compromiso de contribuir a la atención de la amenaza y, en su caso, de restablecer la colaboración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional, en los términos que establezca la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, y

VI. La demás información que se considere relevante para justificar la procedencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y para la toma de decisiones correspondientes.

En el caso del acuerdo aprobado en el pleno por dos terceras partes de los legisladores, no se describe ni detalla ninguno de los hechos o situaciones que constituyen la amenaza a la seguridad interior.

Precisamente trabajar en definir estos detalles era la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por voz de su coordinador Rogelio Díaz Brown.

Pero al margen de llevar el acuerdo a revisión en la Comisión correspondiente, el diputado del PAN, Eduardo Urbina Lucero considera que ni así es la solución al problema, pues la misma Ley de Seguridad Interior ha sido duramente cuestionada por el mismo presidente electo Andrés Manuel López Obrador, por considerar que atenta contra la soberanía de las entidades federativas.

Además, señaló el diputado panista, también el gobierno federal, al que se le solicita ayuda, está muy rebasado, con 117 mil muertos en lo que va del sexenio, donde ha sido omiso e ineficiente en materia de seguridad.

El tema nos ha rebasado a todos los órdenes de gobierno pero lo importante es definir cómo lo vamos a atacar, incluyendo la planeación municipal la búsqueda de mayores recursos para la seguridad pública.

“Estamos en un cuello de botella, donde el problema nos rebasa incluso mediáticamente”, aseveró el legislador panista.

El debate es si el mecanismo de pedir adscribir a la Ley de Seguridad Interior es lo correcto. En opinión del Grupo Parlamentario del PAN ese no es el camino, porque es una ley que está demandada por inconstitucional, impugnada por varios partidos políticos, incluyendo Morena, por afectar derechos humanos y la soberanía de los estados y municipios.




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