Flash informativo
Director General: Lic. German Contreras

EXIGE GPPAN A GOBIERNO DE SONORA ACLARAR DESVÍO DE 140 MILLONES DE PESOS

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Por protagonizar un escándalo que deriva la supuesta malversación de recursos federales para favorecer a campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016, el Grupo Parlamentario del PAN pronunció un llamado al Gobierno del Estado de Sonora aclarar el desvío de 140 millones de pesos a empresas fantasma que la Asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (AMCC) ha publicado a través de su portal en Internet.

El Coordinador de la bancada panista, Gildardo Real Ramírez además hizo un fuerte señalamiento a la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior de la Federación para esclarecer esta red de desvíos que de acuerdo a la AMCC, involucra a seis estados que depositaron importantes sumas a empresas fantasma por una cifra que rebasa los 650 millones de pesos, operación en la que el Gobierno de Sonora participó.

“Hacemos un fuerte señalamiento tanto al Gobierno del Estado como a la ASF para aclarar esta investigación denominada Operación “Safiro” que compila reportajes de Reforma, Proceso y el New York Times, en los que Sonora protagoniza un escándalo nacional y que de acuerdo al reportaje, importantes sumas fueron depositadas a siete empresas fantasmas”, agregó.

La noticia que ya ha comenzado a hacer eco en medios de comunicación, contrasta con la imagen que el Gobierno del Estado presume de ocupar los primeros lugares en materia de transparencia y combate a la corrupción a través de repetitivos “spots” de televisión y radio.

“Vemos que la imagen del Gobierno transparente y honesto que pregona no concuerda con lo que señala la AMCC y lo que nosotros ya hemos pronunciado en tribuna, pues en la revisión de las cuentas públicas detectamos que ejercen recursos a discrecionalidad y no como el Congreso del Estado lo aprueba”, detalló.

En medio de este contexto, el Grupo Parlamentario del PAN recordó la iniciativa presentada para dar “Muerte Civil” a funcionarios públicos y particulares involucrados en actos de corrupción, ya que corresponde a una demanda de la sociedad que exige castigo a la corrupción y la correcta aplicación de los recursos públicos.



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