Director General: Lic. German Contreras

Los organismos representantes del sector minero del estado de Sonora expresamos nuestro desacuerdo con la iniciativa de reforma constitucional que busca prohibir el otorgamiento de concesiones mineras a cielo abierto en México.

Consideramos que esta propuesta, si se materializa, tendrá consecuencias muy negativas para el desarrollo económico del país.

La minería a cielo abierto ha sido históricamente una fuente significativa de ingresos, empleo y bienestar en las comunidades donde se desarrolla, contribuyendo con el 59% del valor de la producción minera nacional, generando crecimiento y estabilidad económica con registros de más de dos millones de empleos directos e indirectos, más una aportación de 150 mil millones de pesos al año en impuestos federales.

Entendemos la importancia de abordar las preocupaciones ambientales asociadas con esta práctica. Por ello, de manera anual se invierten cerca de 6 mil millones de pesos en buenas prácticas ambientales. Abogamos por un enfoque equilibrado que permite hoy en día una actividad minera responsable y sostenible.

Aunque reconocemos que el principal argumento en contra de esta actividad productiva es el aspecto ambiental, destacamos que, a diferencia de otras actividades, las áreas minadas son susceptibles de recuperación total una vez

terminado el proceso extractivo.

La minería mexicana actual es moderna y es una actividad esencial en la transición energética y mitigación del cambio climático, promoviendo el uso de tecnologías y prácticas avanzadas para la optimización de los recursos naturales en todos los niveles del proceso de producción. Se trata de una minería responsable en el uso del agua en sus proyectos y que cumple cabalmente con las normativas impuestas por los organismos correspondientes.

Creemos en la necesidad de fomentar el diálogo entre las partes interesadas, incluyendo a las 696 comunidades vecinas a las operaciones mineras, para garantizar que cualquier legislación futura refleje preocupaciones legítimas y promueva el bienestar común.

Solicitamos a los legisladores reconsiderar esta iniciativa y buscar soluciones que equilibren la protección del medio ambiente con el desarrollo económico, salvaguardando los intereses de las comunidades y garantizando la viabilidad a largo plazo de la industria minera en México.