Flash informativo
Director General: Lic. German Contreras

Por una agenda social incluyente: La situación de vida de jornaleros(as) agrícolas en México

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Quienes suscribimos este pronunciamiento consideramos que las elecciones de este próximo 1o. de julio serán decisivas para el futuro inmediato de nuestro país. En gran parte de la República se renovará el congreso local, presidencias municipales y representantes para el Congreso de la Unión. En tal contexto, consideramos fundamental visibilizar el abandono en que viven miles de jornaleros y jornaleras a lo largo y ancho de las zonas agrícolas de todo el país. Identificamos los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Edo. de México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz como principales lugares de origen de las personas migrantes jornaleras, siendo los principales destinos Sonora, Sinaloa, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y Durango.

Es urgente que quienes se postulan a estos cargos conozcan las lacerantes condiciones de trabajo y vida de jornaleros/as en las entidades y se comprometan a contribuir a su bienestar.

Como tema de interés público, el trabajo agrícola pasa desapercibido por distintas razones, siendo la más importante el desinterés de las autoridades competentes bajo el criterio de la densidad y movilidad poblacional, y por ende, electoral. Otra razón nos involucra como ciudadanía, cuando pasamos por alto que la producción de nuestros alimentos, frescos o procesados, conllevan esfuerzos agotadores para quienes participan en el eslabón más bajo de la cadena. Millones de personas trabajan día a día en los campos agrícolas de nuestro país sin garantías mínimas de seguridad social y de derechos humanos laborales que les proteja de la precariedad, el rezago económico y educativo.

Las condiciones actuales de los campos no sólo limitan el bienestar de las personas jornaleras, también reproducen las condiciones de indefensión de sus derechos fundamentales y de vulnerabilidad física y social de sus familias en sus lugares de origen, tránsito y destino. Claro ejemplo de ello es el trabajo infantil que muchos niños y niñas desempeñan directamente en los campos agrícolas o bien en casa, realizando labores domésticas que les permiten a sus padres trabajar. Niños/as y adolescentes jornaleros/as sacrifican mejores condiciones de vida y tiempos de estudio, juego y aprendizaje para trabajar junto con sus familiares o para acompañarlos en los tiempos de cosecha.

Las largas jornadas laborales bajo el sol quemante del verano o en las bajas temperaturas de invierno producen cuerpos cansados y efectos nocivos en la salud de la población; los sistemas de enganche, reclutamiento, contratación y las modalidades de pago mantienen a los/as trabajadores/as en un círculo de precariedad que limita el ejercicio de sus derechos y la posibilidad de transformar y dignificar su labor.

Es ominoso que aún en pleno siglo XXI sigan existiendo en los estados de destino zonas de rezago social pronunciado. En el caso de Sonora, localidades como el poblado Miguel Alemán, Estación Pesqueira, Poblado Y Griega, entre otras donde se concentra la población jornalera, experimentan graves carencias materiales, insuficiencia de servicios públicos, inseguridad, violencia y otras injusticias cotidianas que es nuestra responsabilidad denunciar y visibilizar.

Es importante dar una vuelta de timón en la política social y de salud en las cuales se privilegie la dignidad humana por encima de la visión clientelar y asistencialista del desarrollo social. Es necesario reivindicar las condiciones y derechos laborales y sociales de las personas jornaleras dignificando el salario, haciendo cumplir la Ley Federal del Trabajo y modificando la Ley del Seguro Social para dar cabida a trabajadoras y trabajadores temporales. Enfoques como la justicia de género, los derechos humanos, la interculturalidad, la educación, la inclusión social la eliminación de los prejuicios racistas-clasistas y la paz, deben ser considerados como plataformas para la construcción de políticas públicas con justicia social.



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