Para que los pequeños productores, que ayudan a mitigar el cambio climático, tengan acceso a tecnologías, asistencia técnica y capacitación, la diputada Ely Sallard presentó una iniciativa de decreto que busca reformar el artículo 77 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora, y de esta manera tengan acceso a financiamientos públicos.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la legisladora explicó que también se pretende que este sector tenga participación como agentes del desarrollo rural locales sustentables que contribuyan a la producción y comercialización eficiente.
“De igual forma se busca disminuir la incertidumbre de los pequeños productores rurales ofreciéndoles la capacidad económica como para contar con herramientas como seguros e instrumentos de gestión de riesgos climáticos y económicos”, agregó Sallard Hernández.
El Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), señala que las zonas áridas y semiáridas de México abarcan aproximadamente el 50% del territorio nacional, en dicho territorio se considera al estado de Sonora. Este programa también informa que dichas comunidades se caracterizan por tener unidades económicas rurales agropecuarias de autoconsumo y con algunos ingresos ocasionales, es decir pobreza alimentaria, y que las causas de esta situación se deben a la degradación de los recursos naturales.
“El estado de sonora, resulta vulnerable a una demanda de agua mayor a la cantidad disponible, provocando que su uso sea restringido, situación que se empeora con el cambio climático, ya que esto se representa a través de inundaciones, heladas, sequías y otros factores que causan incertidumbre entre los productores rurales” enfatizó la Diputada Ely Sallard.
La legisladora agregó, que en ese sentido, es urgente priorizar el acceso a recursos públicos a los agentes del desarrollo rural con bajos ingresos que empleen tecnologías de mitigación y adaptación al cambio climático, así como aquellos que se encuentren en las zonas de la entidad con menor desarrollo económico y social, que presenten proyectos productivos rentables o los que sean altamente generadores de empleo, poniendo por delante el bienestar común.